A finales de los 70 e inicios de los 80 y al
amparo del boom inmobiliario que cubrió de cemento una parte importante de la
costa de la provincia de Alicante, se construyó el Puerto Deportivo Luis
Campomanes, en la bahía de Altea, dando ''servicio'' a la urbanización
colindante (Altea Hills). Un puerto de 510 amarres en un enclave privilegiado a
costa de arrasar el medio ambiente marino de la zona, presidido por una inmensa
pradera de Posidonia oceanica, considerada entre las de “en mejor estado
de conservación'' del Mediterráneo español, según, entre otros, los informes del Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados (IMEDEA).
El
Plan de Puertos de la Generalitat Valenciana de 1989 prohibía la construcción
de nuevos puertos deportivos en el litoral valenciano, indicándose que deberían
optimizarse las capacidades de las instalaciones ya existentes. En el año 2000 y 2002 la Generalitat
Valenciana modificó ''convenientemente'' el texto del citado Plan de Puertos
para dar luz verde a la ''ampliación de las instalaciones náuticas
existentes'' manteniendo la prohibición de construcción de nuevos puertos.
Al
amparo de esas modificaciones en el Plan de Puertos se multiplican las
solicitudes de ampliación de los puertos deportivos de nuestra comunidad, especialmente numerosos y ''apetitosos'' económicamente ante el nuevo escenario
de boom inmobiliario y ante la ingente cantidad de dinero disponible que
sucedió a la entrada en la moneda única
europea. Ser propietario de un barco
estaba de moda y otorgaba mucho prestigio personal (si bien luego se demuestra
que los barcos de recreo se utilizan una media de 15 días al año).
Si
bien hay otros ejemplos de daño superlativo en los fondos de nuestra provincia
(Xabia, Denia, etc) es especialmente sangrante el proyecto de Ampliación del
Puerto Deportivo Luis Campomanes de Altea, que pretendía la duplicación de la
capacidad disponible hasta ese momento
hasta los 1000 amarres.
Su
impacto ambiental simplemente superlativo.
Más de 40 hectáreas de Posidonia oceanica en perfecto estado de
conservación, con sus más de 1000
especies animales y 400 vegetales asociadas (lo que le lleva a ser considerado
el ''ecosistema clímax'' del Mediterráneo) quedarían o sepultadas
directamente por los nuevos espigones y dársenas del puerto o se verían
afectadas irreversiblemente por las obras y el uso del puerto.
La
mercantil concesionaria del puerto, Marina Greenwich, presenta en 1999 un
primer proyecto de ampliación del puerto deportivo L. Campomanes y en el año
2000 vuelve a presentar otro con algunas modificaciones menores sugeridas por
la Administración. La Conselleria de Medio Ambiente valida el proyecto,
dictando una Declaración de Impacto Ambiental que, ante las alegaciones y
alertas lanzadas por la comunidad científica y las organizaciones
conservacionistas, incluye como medidas compensatorias ''el trasplante
de parte de la pradera de Posidonia
oceanica así como los ejemplares del molusco Pinna nobilis -''Nacra''-
que se encontraran en el ámbito de actuación del proyecto. Ambas especies
consideradas ''Prioritarias'' en la Directiva Habitats (92/43/CEE). Esas
medidas compensatorias eran inéditas en todo el Mediterráneo (jamás se habían
trasplantado extensiones mayores que unos centenares de m2) y eran de imposible
cumplimiento como se demostró posteriormente. La documentación del segundo
proyecto considera que el Estudio de Impacto Ambiental del primer proyecto
sirve perfectamente para este segundo proyecto y no es modificado ni presentado
de nuevo. Las modificaciones que incluye
el segundo proyecto sobre espigones, alternativas a tener en cuenta, etc. son
distintas pero sin embargo se otorga validez a la misma Declaración de Impacto
Ambiental por la Dirección General de Planificación y Gestión del
Medio Ambiente mediante resolución de 10 de marzo de 2003.
Empieza
el galimatías judicial de recursos contra el proyecto, contra los actos
administrativos que conlleva, denuncias
en el SEPRONA de la Guardia Civil, en el Sindic de Greuges, en la Fiscalía de
la Audiencia Provincial y en los Juzgados de Benidorm por el inicio de las
obras sin haberse demostrado la viabilidad de los trasplantes experimentales
realizados.
La
Consellería de Infraestructuras
ordena la paralización de las
obras que ya han comenzado al demostrarse inviables los trasplantes de Posidonia
oceanica (con mortandades en los primeros meses de hasta el 85% de lo
trasplantado experimentalmente y esperándose el 100% de mortandad en los meses
posteriores, tanto en densidad como en
cobertura de la pradera. Los informes
del Departamento de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Alicante son determinantes, junto al de la Universidad de
Almería, frente a los presentados por la Universidad de Murcia y del Instituto
de Ecología Litoral, este último encargado oficialmente de la vigilancia de los trasplantes y del
cumplimiento de la DIA.
El
mencionado informe de la Universidad de Alicante concluye entre otros aspectos
negativos que '' la ampliación del Puerto afecta a casi
40 Ha de pradera de Posidonia oceánica protegidas por la legislación europea,
nacional y autonómica con muy buen estado de conservación que será destruida
como consecuencia de la aplicación o entrar en regresión (30Ha u 11 HA), asi
como otras especies de pradera, una reducción del hidrodinamismo, menor
intercambio de aguas y situación de enfangamiento en las zonas de las dos
plazas situada a ambos al lados del puerto actual lo que producirá una
reducción de la calidad de las aguas considerando los impactos críticos e
irreversibles.''
Igualmente señala
que ''la Declaración de impacto ambiental analiza un proyecto diferente al
definitivo y contradicciones acerca de la afección de las playas, olvida la
perdida de calidad del agua y elimina la plataforma que suponía la ocupación de
la playa de la Barreta, cuando esa plataforma no se ha eliminado sino reducido,
según Informe de la Dirección General de Costas, se minimizan los aspectos
desfavorables y se destacan los favorables, que la ampliación del Puerto se
sitúa en zona próxima a un LIC, que no supone una protección material de no
degradar ni impactar sino meramente formal , considera que las experiencias de
transplante de posidonia son mas que dudosas y que la declaración de impacto
ambiental ha pretendido camuflar los evidentes impactos ambiéntales de la
ampliación para justificarla''
Los Informes del Proyecto de ampliación
del Puerto Deportivo de la Universidad de Almería señalan ''la omisión del estudio de
evolución de la línea de la costa, que la infraestructura existente ha afectado
a la línea de costa y los efectos imprevisibles que puede tener la desaparición
de la pradera de Posidonia sobre la dinámica del litoral y la erosión de la
costa concluyendo que el Estudio de Impacto ambiental presenta serias deficiencias
conceptuales metodológicos y de técnica en orden a garantizar su función.''
Ecologistas en Acción del País
Valenciano, Greenpeace y WWF de forma conjunta recurren al Tribunal Superior de
Justicia de la C.V. que en sentencia de 1 de febrero de 2010 anula el proyecto
debido a la no evaluación correcta del impacto ambiental y de las
irregularidades mencionadas en la tramitación del proyecto así como por los
cambios sufridos por el proyecto que lo convertían en uno nuevo frente a las
convalidaciones realizadas por la Consellería de Infraestruturas.
Finalmente,
con fecha 17 de junio de 2013 el Tribunal Supremo desestima los recursos
presentados por la mercantil promotora Marina Greenwich y la Consellería de
Infraestructuras contra la sentencia
arriba mencionada del Tribunal
Superior de Justicia de la C.Valenciana, dando con ello por terminado el
proceso definitivamente.
Ecologistas
en Acción del País Valenciano, Greenpeace y WWF de forma conjunta y coordinada
sufragaron los gastos y realizaron todos los esfuerzos de vigilancia, denuncia,
etc. para conseguir salvar del cemento esta joya de la naturaleza en este
enclave privilegiado de nuestra costa, sirviendo además de ejemplo y argumento
contra la posible ampliación de otras instalaciones náutico-deportivas que
existen en nuestras costas.
Artículo de Miguel Ángel García (WWF Alicante) y Carlos Arribas (Ecologistas en Acción)
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